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La justicia debe ser ética e intelectual
El país reclama la necesidad de un Poder Judicial que genere verdadera confianza pública en la integridad del sistema de justicia; exige una justicia orientada a la vigencia de los derechos humanos, al respeto de la dignidad de las personas y al compromiso con el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia; reclama y pide una justicia imparcial que se ajuste al abanico axiológico de nuestra Constitución, el ejercicio de una magistratura que sea un verdadero instrumento puesto al servicio de la justicia 21 de Septiembre del 2011.
La justicia debe estar acorde a la sociedad
Conte enfatizó en que "es necesaria una justicia acorde con una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural, que dé cumplimiento al Derecho dentro del marco de una justicia distributiva y retributiva, ajustada a los valores constitucionales y al ideario del Libertador Simón Bolívar, a los nuevos paradigmas y que reconozca y proteja al ser humano dentro de su exclusivo contexto social, de lo contrario no hablaremos de Sistema de Justicia sino de mera aplicación asimétrica de la Ley y del Derecho".
(CRIXMAR ROJAS) - "La función pública de administración de justicia, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, corresponde al Poder Judicial, cuya organización descansa en el Tribunal Supremo de Justicia como máximo tribunal de la República y en los demás tribunales que determine la Ley, por lo que constituye uno de los Poderes Públicos del Estado, que tiene asignada una función específica o propia, pero que sus órganos en el ejercicio de sus funciones deben colaborar con los restantes poderes públicos a la realización de los fines del Estado, ajustados a la constitución y a las leyes, las cuales definen sus atribuciones y a las cuales debe necesariamente sujetarse su ejercicio".
Así comenzó su explicación el reconocido profesor universitario en el área de Derecho, Francisco Conte, quien siguió exponiendo que el Poder Judicial como poder público ejerce el mayor equilibrio y contrapeso dentro del Estado, "pues siendo uno de los poderes públicos, es el único que controla la constitucionalidad y legalidad de las actuaciones de los demás poderes públicos, por lo que su ejercicio y desempeño debe estar orientado por dos principios fundamentales como lo son la autonomía y la independencia, que constituyen la base fundamental de su organización y de su actividad, donde la función de administrar justicia al conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes y en la ejecución de sus sentencias, debe necesariamente ser una actuación ética e intelectual, para poder llevar a cabo sus cometidos estatales".
Explicó que el Estado venezolano se define como un "Estado Constitucional de Derecho y de Justicia, conforme la lectura concordada de los artículos 2 y 7 del Texto Constitucional, con lo que se crea una trilogía en la que el juez queda sometido a la Constitución, a la Ley y a la Justicia; es decir, a la primacía de la Constitución sobre la ley y por el funcionamiento de una jurisdicción que debe entender la constitucionalidad de los actos del Estado, incluida la propia ley, pues este Estado Constitucional de Derecho debe mantener el principio de legalidad pero subordinando sus formas concretas de manifestarse al principio de la constitucionalidad, todo ello para cumplir el ineludible deber de administrar justicia".
¿Dónde quedan los derechos del ciudadano?
-El Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, implica en primer lugar, un Estado de Derechos, donde los derechos del ciudadano valen independientemente de la ley, y para hacer valer los derechos, interpretar y aplicar el Derecho y la Justicia debe basarse en el principio de proporcionalidad y de equidad; esto impone necesariamente el reto a quienes tienen la misión de administrar justicia de acercar al Derecho, a la Constitución y a la Justicia, para poder brindar la tutela judicial efectiva y cumplir el Sistema Judicial su rol esencial en la sociedad, que le exige ser tutor de los derechos fundamentales del ser humano. Pero además este contenido Jurisdiccional y Constitucional de Derecho y de Justicia debe desarrollarse en el contexto de un Estado social, que debe entenderse como un Estado interesado en el bienestar y opuesto a todas las formas autoritarias, para así considerar la igualdad como el reconocimiento de los derechos y la adopción de decisiones que inciden en forma directa en la vida social de los ciudadanos.
Son los jueces los responsables de la búsqueda de la verdad
Es así como Conte afirma que con base en todo lo anterior, sobre los jueces recae la búsqueda de la verdad, por lo que tienen el deber de resolver los conflictos de manera idónea; es decir, en forma imparcial, transparente, independiente, expedita, sin formalismos ni reposiciones inútiles, "teniendo en cuenta indudablemente que el Derecho está integrado por normas y principios, en donde las normas se aplican o no, los principios dan razones para decidir en sentido determinado. Para todo ello, el Poder Judicial debe sustentarse necesariamente en los dos principios fundamentales de autonomía e independencia, y ajustar sus actuaciones a los valores de justicia, ética e intelectualidad, entendida esta como competencia, aptitud, capacidad y suficiencia".
Ser juez: tarea incierta y compleja
Conte comentó que actualmente los jueces deben superar aquel papel que tradicionalmente les había asignado el ser la voz de la ley, que imponía un papel pasivo y meramente cognitivo; "hoy debe entenderse que la función de juzgar implica muchísimas cosas al mismo tiempo, pues el Juez como funcionario encargado de administrar justicia al momento de decidir pone en juego sus valores éticos y su capacidad intelectual, pone en juego todo lo aprendido, tanto conceptual como experiencialmente, ya que conocen, valoran, deslindan, estipulan y, además, dudan. En otras palabras, como es una tarea humana, resulta fatalmente incierta y además compleja, por lo que sólo con base en la autonomía de sus propias funciones y en la total independencia de las mismas respecto de los demás poderes públicos pueden llevar a cabo su actividad de conductores sociales y garantes del Estado de Derecho".
Lo anterior permite afirmar -continuó el especialista- que hoy día la función de juzgar para ser transformadora y significativa, ajustada a los nuevos paradigmas de justicia y convertirse en garante de la justicia, impone necesariamente un juez que deje de lado los simples parámetros puramente lógicos y metodológicos, y desarrollar aspectos empíricos, vinculados con la realidad social y los sistemas de valores; aspectos que muestran un juez situado, es decir, un juez en el mundo, que ha abandonado la torre de cristal y que, por tanto, resulta atravesado por todas las problemáticas que lo definen, primero como ser humano y luego como ser social, en un tiempo y lugar determinado.
¿Cómo debe ser el nuevo juez?
-Se impone y se requiere un juez independiente, autónomo en sus funciones, ético en su actuación e idóneo en sus competencias, esto es, un juez que actúe como ser social, portador de una cultura técnica, pero irreductiblemente permeable al conjunto de representaciones, estados de conciencia y visiones del mundo que comparten con sus congéneres y que coadyuvan, con su trabajo, a veces a conservar y otras veces a transformar.
En consecuencia, el país reclama la necesidad de un Poder Judicial que genere verdadera confianza pública en la integridad del sistema de justicia, exige una justicia orientada a la vigencia de los derechos humanos, al respeto de la dignidad de las personas y al compromiso con el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, reclama y pide una justicia imparcial que se ajuste al abanico axiológico de nuestra Constitución, el ejercicio de una magistratura que sea un verdadero instrumento puesto al servicio de la justicia, que cumpla con los deberes de celeridad en la administración de justicia; nuestro pueblo solicita y ruega una administración de justicia que se resista férreamente frente a las injerencias políticas e ideológicas que puedan comprometer su sujeción al derecho y la orientación de sus tareas a los valores superiores que la informan, suplica e implora una moralidad judicial, que impone un juez que actué con conciencia y ciencia, que sus conocimientos técnicos deben ponerse al servicio de los valores que orientan su importante ministerio para la búsqueda de una justicia nueva, la formación de una nueva conciencia jurídica, con participación social en la solución de los conflictos y la sujeción de la función jurisdiccional al servicio de la justicia.
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