Medidas Judiciales
Precautelativas Ambientales.
A través de estas normas Constitucionales,
y en exacta aplicación el Principio de la Tutela Judicial Efectiva y por la vía PREVENTIVA el órgano jurisdiccional competente en defensa de la integridad ambiental actuará a fin de proteger estos intereses superiores del colectivo, que son verdaderos derechos supra constitucionales " Derechos Humanos" en este caso de los llamados de tercera generación
evitar un daño a situaciones constitucionales tutelables”. Rafael Ortiz Ortiz,
Siendo que los derechos ambientales se encuentran establecidos y protegidos constitucionalmente, artículos 127, 128 y 129 CRBV es por lo que tal definiciòn se erige como una de las mas completas a objeto de la exacta determinación definitoria de esta categoría procesal.
Sin embargo el órgano jurisdiccional no puede de oficio decretar medidas precautelativas sin que medie solicitud del Ministerio Pùblico único legitimado para dirigir la investigación como lo señala la Ley que rige esta materia.
Venezuela cuenta con un marco legal extraordinariamente diverso, que partiendo de los postulados constitucionales, ha llevado a la firma y ratificación de casi todos los convenios internacionales destinados a la conservación del ambiente, así como a la creación y modernización de un cuerpo legal nacional que va desde leyes orgánicas y decretos que abarcan la protección y ordenamiento de ecosistemas o hábitats, hasta la protección específica de especies amenazadas de extinción.
Con base a ello el art. 127 establece como deber del Estado la protección al ambiente, la diversidad biológica, etc.; esta obligación fundamental del Estado deberá ser llevada a cabo no solo como un imperativo esencial de éste, sino que necesariamente esta orientado a involucrar activamente la participación de la sociedad, a fin de garantizar que el colectivo se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, y en donde todos los componentes del ambiente, el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidas.
De la norma en mención surgen dos situaciones, la primera que involucra al Estado en el sentido de que basta solamente que se cometa cualquier acción u omisión que lesione o ponga en peligro el ambiente como bien jurídico protegido, para que el Estado tenga el deber de intervenir para garantizar a través de la ley, la protección preventiva y/o anticipada que tiendan a eliminar el peligro e interrumpir la producción del daño al ambiente o para evitar las consecuencias degradantes que tal hecho o acto ocasiona al medio ambiente; y la segunda, referida al deber del colectivo del preservar el ambiente el cual se relaciona con otra norma, el articulo 26 Constitucional, de allì surge el concepto arriba señalado de Tutela Constitucional Anticipada
A travès de estas normas Constitucionales, y en exacta aplicaciòn al Principio de la Tutela Judicial Efectiva y por la vía PREVENTIVA el órgano jurisdiccional competente en defensa de la integridad ambiental actuarà a fin de proteger estos intereses superiores del colectivo, que son verdaderos derechos supra constitucionales " Derechos Humanos" en este caso de los llamados de tercera generaciòn.
Es por esta razón que existen estas normas jurídicas, que tienden a la protección de ese bien, partiendo desde la Constitución pasando por normas de contenido administrativo, civil y penal, y en el contexto penal específicamente la creación del delito y la responsabilidad ambiental, consagrando además Medidas Judiciales Precautelativas que tiendan a evitar una situación de peligro y/o la interrupción del acto lesivo al ambiente…
En efecto, la Constitución de la República establece el derecho a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado como un patrimonio individual y colectivo; legalmente, la Tutela judicial Cautelar del ambiente esta establecida en Venezuela en la Ley Penal del Ambiente en su Artículo 24 en siete (07) Ordinales que pueden ser adoptadas a solicitud de parte por el Tribunal en cualquier estado o grado del proceso, bien para interrumpir la producción de daños al ambiente o a las personas, para eliminar estos, o para evitar las consecuencias degradantes del hecho investigado.
En uso de tales facultades, podrá el Tribunal decretar las medidas establecidas en sus siete (07) Ordinales en los que resalta el último que establece o acoge el llamado Sistema “Numerus Apertus”, es decir, podrá tomar cualquier medida tendente a evitar o eliminar daños mayores al ambiente. Las cuales dependerán de la adecuación y pertinencia de la Medida solicitada para prevenir el derecho colectivo amenazado y a debatir en la investigación penal respectiva. Esto último referido a lo que en doctrina se conoce como “Fomus Bonis Iure” y el “Periculum in Mora”, esto es, presunción grave del derecho que se reclama y el peligro en la tardanza en dictar la providencia cautelar que se solicita.
La doctrina del Ministerio Público en Medidas Judiciales Precautelativas en materia ambiental ha dejado establecido que:
“La función normativa de las medidas precautelares en nuestro ordenamiento jurídico es principalmente asegurar o proteger de manera inmediata o efectiva los interese tutelados por la norma jurídica, esto es el bien objeto de tutela jurídica: el ambiente…”
“…Las condiciones que determinan la procedencia de una medida cautelar insuflan igualmente la procedencia de las medidas precautelativas ambientales, condiciones por demás tratadas jurisprudencial y doctrinariamente estableciéndose los siguientes requisitos: La presunción del buen derecho fomus bonis iuris que supone la valoración anticipada del fondo del conflicto de manera que el juez debe revisar motivos de hechos y de derecho que justifican la presencia de la medida…. El daño irreparable o de difícil reparación periculum in mora como criterio general, en el sentido de que el peticionante debe esgrimir con suficiente convicción que la continuidad de la actividad lesiva al ambiente o la no adopción de ciertas y determinadas medidas o conductas según el caso cause o pueda comportar un daño irreparable o de difícil reparación….3”
Es importante señalar, que las medidas contenidas en la Ley Penal del Ambiente en su artículo 24, están referidas y guardan intima vinculación con el principio constitucional del derecho a la Tutela Judicial Efectiva y constituyen para el JUEZ, más que una potestad, en un deber constitucional tendiente a la protección del interés 
general cuando éste se encuentra amenazado o en peligro.
En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo ha expresado lo siguiente:
“4…Y es que no podía ser de otra manera, pues en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se consagra de una manera novedosa y de avanzada la obligación del estado de proteger al medio ambiente (artículo 127, 128 y 129), como parte integrante de los llamados derechos de la tercera generación, pues su protección no sólo propende a favorecer a un grupo determinado en un momento determinado, sino al colectivo y para generaciones presentes y futuras, de allí la enorme responsabilidad de los operadores de justicia llamados a ponderar los derechos individuales frente a los colectivos…”
Es así, que cuando en el marco de una investigación se observe que el hecho delictivo produzca o pueda producir un daño ambiental, es dable destacar que la medida cautelar ambiental resulta ser la herramienta procesal adecuada y eficaz para su protección, visto que ella funciona como una suerte de barrera protectora contra sistemáticas conductas productoras de los efectos dañosos que puedan tornarse irreversibles, en donde se solicitará al órgano jurisdiccional; encuadrando normativamente con el tipo penal ambiental violado los hechos constitutivos de delito, y solicitando las medidas cautelares que se pretenden sean decretadas todo de conformidad con la Ley Penal del Ambiente a fin de precaver el peligro de daño al colectivo que tal accionar delictivo produce al ambiente, ello con el fin de interrumpirlo o hacerlo cesar.
En este sentido, el Còdigo de Procedimiento Civil aplica por remisión expresa del articulo 550 del Còdigo Orgánico Procesal Penal; y deberá igualmente fundamentarse en los principios que soportan el derecho ambiental y que están en plena vigencia a tenor de lo que dispone el articulo 4º de la Ley Orgànica del Ambiente, a saber: Precautorio, Prevención y Tutela efectiva..
CARACTERÍSTICAS PROCESALES.
1.- Judicialidad:
Son decretadas por el órgano jurisdiccional de oficio o a solicitud del Ministerio Publico, en el marco de una investigación penal.
2.- Discrecionales:
Es potestivo del órgano jurisdiccional decretarlas o no; en razón de la prudente determinación de lo equitativo y la imparcialidad en cada caso.
El carácter discrecional de las medidas cautelares ambientales, queda implícito en el encabezamiento del articulo 24 de la Ley Penal del Ambiente, cuando expresa: “El juez podrá adoptar medidas precautelativas”.
3.- Preventivas y Provisionales:
Cumplido que sea la causa que las originó, o decidida la cuestión por sentencia penal definitiva ella cesan en su vigencia o se convierten en definitiva.
4.Instrumentales:
En el sentido que ellas no son nunca fines en si mismas, ayudan o auxilian para que no queden nugatorios el derecho ambiental amenazado objeto de la investigación penal ambiental, sastifacciendo la necesidad urgente de hacer cesar o interrumpir un daño o el peligros de daño.
5.- Adecuadas y Pertinentes:
Deben bastarse o corresponderse por si misma para evitar el daño o peligro de daño que se pretende con ella.
6.-Urgencia:
Viene a ser las garantías de eficacias de las providencias cautelares. Constituyen la necesidad de un medio efectivo y sumario que intervenga en la protección del derecho ambiental amenazado por el delito, consecuencialmente deben ser decretas en la brevedad posible
7. Variabilidad:
Significa que aun estando decretadas pueden ser modificadas en la medidas que cambien el estado de cosas o los hechos para lo cual se dictaron.
Medidas Judiciales Precautelativas Previstas en la Ley Penal del Ambiente.
El artículo 24 de la ley Penal del Ambiente establece que el Juez puede adoptar en cualquier estado y grado del proceso medidas precautelativas a solicitud de las partes tendientes a:
1. Eliminar en peligro
2. interrumpir la producción de daños al ambiente o a las personas
3. Evitar las consecuencias degradantes del hecho investigado.
Esas medidas consisten en:
1.- La ocupación temporal o parcial de las fuentes contaminantes hasta corregir la causa degradante o hasta que obtengan las autorizaciones correspondientes de la autoridad competente.
2.- La interrupción prohibición de la autoridad origen de la contaminación.
3.- La retención de los objetos que dañen o que amenacen de dañar el ambiente a la salud.
4.- La retención de sustancias, materiales u objetos que se sospeche que están contaminados o en estado.
5.- Ocupación o eliminación de obstáculos objetos o elementos que alteran el aspecto o el aprovechamiento nacional de los recursos hídricos, medio lacustre, marino y costero ò zonas bajo régimen de administración especia.
6.- La inmovilización de vehículos terrestres, marítimo o fluidos capaces de producir contaminación atmosférica o sònica.
7.- Otras medidas capaces de evitar la contaminación de las actos perjudiciales al ambiente.
Como comentario a estas normas es preciso hacer referencia a que con la entrada en vigencia del COPP, quedó tácitamente derogada la legitimidad del órgano administrativo para solicitar en sede Jurisdiccional la adopción de medidas judiciales precautelativas, visto que intraproceso, siendo el único legitimado activo dentro de éste para pedirlas el Ministerio Pùblico, titular de la acción civil.
Igualmente, el Juez de Control puede adoptar de oficio cualquier otra medida que estime pertinente o negar la solicitada por el Ministerio Pùblico, cuando considere de la remisión de los recaudos presentados con la medida, que tal medida no es suficiente o no es la pertinente para salvaguardar el bien jurídico tutelado.
Todo de conformidad con lo establecido dentro de las facultades previstas para estos, en el art. 282 del COPP. Incluso medidas precautelativas de naturaleza atípicas o innominadas previstas en el ordinal 1º séptimo del art. 24 de la Ley Penal del Ambiente.
Por supuesto de considerar motivadamente el Ministerio Pùblico lo contrario podrá apelar ante la Corte de Apelaciones tal dedición, a tenor de lo dispuesto en el artículo 447-5 del COPP.
Verificación Jurisdiccional de la solicitud.
Recibida la solicitud de medida precautelativa, el órgano jurisdiccional debe examina la legitimidad del solicitante, esto la legitimidad ad causa, por supuesto en este sentido el ùnico facultado legalmente por principio de oficialidad para solicitarla es el Ministerio Pùblico, a tenor de lo establecido en los articulos 285 de la CRBV, 108-1 COPP, y 34-4 y 47-4 de la LOM; asimismo deberà examinar la existencia de hechos constitutivos de delitos ambientales y la normativa técnica del caso, sin prejuzgar en el fondo del proceso principal ello con el fin de constatar la presunción del buen derecho
Finalmente de ser posible con la ayuda de expertos, debe realizar un análisis del informe tècnico preliminar que demuestre la existencia o el peligro de una lesión irreparable o de difícil reparación en la definitiva. No obstante, sin perjuicio de resolver la medida a falta de certeza científica sobre el daño o peligro de daño, todo con arreglo al principio de precaución establecido en el articulo 4 ordinal Ley Orgànica del Ambiente que establece que la falta de certeza científica como razón suficiente para no adoptar medidas preventivas y eficaces en las actividades que pudiesen impactar negativamente el ambiente.
Cumplidos estos requisitos en la brevedad posible el tribunal deberà decretar las medidas o negarlas con la finalidad de evitar el retardo en su tramitación lo cual pudiera repercutir en la materialización y consecuencialmente la irreversibilidad del daño temido.
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